Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo registro de viajeros: implicaciones y retos del real decreto

23 Jun, 2025 | Legal

El 2 de diciembre de 2024 entró en vigor en España el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, una normativa que introduce cambios significativos en las obligaciones de registro documental e información para las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor sin conductor. Este decreto representa una respuesta directa a los retos contemporáneos en materia de seguridad, digitalización y regulación del sector turístico y de movilidad. En este artículo analizamos de forma integral los objetivos, ámbitos de aplicación y los principales cambios que trae esta normativa, basándonos en información extraída de fuentes clave.

Contexto y objetivos del Real Decreto 933/2021

La promulgación de este decreto tiene como objetivo principal garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dispongan de información precisa y actualizada sobre las personas que utilizan servicios de hospedaje y alquiler de vehículos, tal y como se recoge de forma expresa en la citada ley: «el objeto de este Real Decreto es regular las obligaciones de registro documental e información previstas en la normativa de protección de la seguridad ciudadana para las personas físicas o jurídicas que ejerzan, profesionalmente o no, actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor sin conductor»

Entre los objetivos más destacados se encuentran:

  1. Fortalecer la seguridad nacional: El decreto busca prevenir y combatir actividades delictivas como el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración irregular, que pueden aprovechar servicios de hospedaje o alquiler de vehículos para facilitar sus operaciones.
  1. Adaptación a las nuevas realidades digitales: Con el auge de plataformas en línea y la digitalización de los servicios, se hace necesaria una normativa que contemple la interoperabilidad y la gestión de datos en entornos electrónicos.
  2. Cumplir con normativas internacionales: Este marco también responde a estándares establecidos por organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Ámbito de aplicación

La nueva normativa amplía significativamente el alcance de las obligaciones de registro, afectando a diversas entidades y servicios, y es que la información deberá ser recogida tanto por los alojamientos turísticos independientemente de su tipología como por las plataformas digitales de intermediación, lo que significa que los intermediarios deberán presentar la información para cada reserva online realizada a través de su portal de reservas, en el momento en que se confirma o cancela; de la misma forma que el alojamiento también deberá presentar la información al inicio de los servicios contratados.

Dicha ampliación de entidades se refleja en los siguientes;

  • Hoteles, hostales y pensiones: Los establecimientos tradicionales de hospedaje están obligados a actualizar sus sistemas de registro.
  • Apartamentos y viviendas turísticas: Incluye a las plataformas de economía colaborativa como Airbnb y otras similares.
  • Casas rurales y alojamientos similares: Se garantiza la trazabilidad de los viajeros incluso en modalidades menos convencionales.
  • Empresas de alquiler de vehículos a motor: Esto abarca a todo tipo de vehículos sin conductor, desde coches hasta motocicletas.

Principales cambios introducidos

  1. Registro electrónico obligatorio: Todos los datos deben ser recopilados y almacenados a través de sistemas digitales homologados. Esto elimina el uso de registros en papel y asegura una mayor eficiencia en el tratamiento de la información.
  2. Transmisión de datos a SES.HOSPEDAJES: Los datos recopilados por los proveedores deben enviarse al sistema SES.HOSPEDAJES, que desplaza a las actuales plataformas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que ha sido desarrollado por el Ministerio del Interior, para garantizar la disponibilidad inmediata de la información a las autoridades. Para ello, será obligatorio dar de alta el establecimiento turístico de forma previa en la plataforma, tal y como indica la normativa de registro documental e información.

Así, en la nueva plataforma se tendrán que aportar más datos sobre los huéspedes que en el registro anterior, distinguiendo entre datos de los viajeros y datos de la transacción.

En cuanto a los datos de los viajeros se deben registrar los siguientes:

  • Nombre completo
    • Sexo
    • Número de documento de identidad
    • Número de soporte del documento
    • Tipo de documento
    • Nacionalidad
    • Fecha de nacimiento
    • Lugar de residencia habitual (dirección completa)
    • Teléfono fijo
    • Teléfono móvil
    • Correo electrónico
    • Número de viajeros
    • Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad)

            En lo referente a los datos de transacción se deben registrar los siguientes:

  • Datos del contrato: número de referencia, fecha y firmas
    • Datos de la ejecución del contrato: fecha y hora de entrada y fecha y hora de salida
    • Datos del inmueble: dirección completa, número de habitaciones y conexión a internet
    • Datos del pago: tipo, identificación del medio de pago, tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago.
  1. Responsabilidad en la veracidad de los datos: Los proveedores son responsables de verificar la exactitud de los datos proporcionados por los viajeros y de almacenarlos durante un período mínimo de tres años. Además, se establece la posibilidad de denegar el acceso al establecimiento a todos aquellos viajeros que no faciliten los datos necesarios.
  2. Protección de datos personales: La normativa refuerza las obligaciones en materia de protección de datos, alineándose con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y establece sanciones severas por incumplimientos.

Implicaciones prácticas

  • Para los proveedores de servicios
  • Adaptación tecnológica: Las empresas deben invertir en herramientas digitales homologadas para cumplir con los requisitos.
  • Capacitación del personal: Es esencial formar a los empleados en el manejo de los nuevos sistemas.
  • Comunicación transparente: Informar adecuadamente a los usuarios sobre cómo se utilizará su información.
  • Para los viajeros
  • Aumento en los requisitos de información: Los viajeros deben proporcionar datos adicionales al momento de realizar reservas o alquilar vehículos.
  • Impacto en la privacidad: Aunque se garantiza el cumplimiento del RGPD, existen preocupaciones sobre el almacenamiento masivo de datos sensibles.

¿Qué sanciones se me pueden imponer si no cumplo con la obligación de información?

Las sanciones oscilarán entre los 100 y los 30.000 euros dependiendo del caso.

  1. Si presentas la información de alguna reserva fuera de plazo o con información incompleta, la infracción es leve. La sanción oscilará entre los 100 y 600 euros.
  2. Igualmente, la transmisión de datos falsos, los errores en los datos de los huéspedes o la omisión parcial de información constituyen infracciones leves, por lo que las sanciones oscilarán, también, entre 100 y 600 euros.
  3. Por último, serán consideradas infracciones graves no figurar en el registro como proveedor de alojamiento o no comunicar los datos de los huéspedes. Las sanciones resultantes oscilan, en este caso, entre 601 y 30.000 euros.

Retos y críticas

  1. Ciberseguridad: La acumulación de grandes volúmenes de datos en plataformas digitales aumenta el riesgo de ciberataques.
  2. Brecha digital: La implementación de sistemas electrónicos puede ser un desafío para pequeños proveedores con recursos limitados.
  3. Equilibrio entre seguridad y derechos: Algunos expertos alertan sobre el impacto potencial en la privacidad y la libertad de movimiento.

Conclusión

El Real Decreto 933/2021 representa un avance significativo en la regulación de los servicios de hospedaje y alquiler de vehículos en España. Aunque sus beneficios en seguridad y digitalización son evidentes, también plantea retos que requerirán un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para garantizar su implementación efectiva y equitativa.