La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha aprobado, mediante Resolución de 11 de marzo de 2026 (BOE de 12 de marzo), las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este ejercicio. Este documento fija las prioridades de actuación de la Administración y confirma una tendencia ya consolidada: un modelo de control fiscal apoyado en el acceso masivo a información, el uso intensivo de tecnología y el refuerzo de la cooperación internacional.
El Plan se estructura en torno a cinco pilares (información y asistencia, prevención del incumplimiento, investigación y control del fraude, gestión recaudatoria y colaboración interadministrativa), si bien el elemento más relevante en 2026 es la mejora sustancial en la capacidad de la Agencia Tributaria para obtener, cruzar y analizar datos económicos en tiempo prácticamente real.
Uno de los avances más significativos es el refuerzo del suministro de información financiera. A partir de este ejercicio, la Administración contará con información periódica y detallada sobre:
- Titularidad de cuentas bancarias.
- Ingresos de empresarios y profesionales a través de TPV.
- Pagos vinculados a números de teléfono móvil o sistemas digitales.
Este nuevo entorno informativo permitirá detectar de forma automatizada inconsistencias entre ingresos declarados y flujos financieros reales, con impacto tanto en actuaciones inspectoras como en la fase recaudatoria (embargos e investigaciones patrimoniales).
En paralelo, se intensifica el control sobre la economía digital y los nuevos instrumentos financieros. La futura transposición de la Directiva DAC8 ampliará el intercambio automático de información entre Estados, incorporando:
- Datos sobre dinero electrónico.
- Información relativa a monedas digitales de bancos centrales.
- Nuevas obligaciones informativas para proveedores de servicios de criptoactivos.
Asimismo, la Agencia Tributaria continuará utilizando herramientas de análisis basadas en tecnología blockchain para rastrear operaciones y detectar posibles rentas no declaradas.
En el ámbito de la fiscalidad internacional, 2026 supone la consolidación del denominado Pilar 2 de la OCDE, que establece un tipo mínimo global del 15 % para grandes grupos multinacionales. Este nuevo marco permitirá:
- Analizar la tributación efectiva de los grupos empresariales.
- Detectar deslocalizaciones artificiales de beneficios.
- Garantizar un nivel mínimo de imposición a escala global.
Este contexto refuerza, además, el control sobre precios de transferencia y operaciones vinculadas, donde la Administración evoluciona hacia modelos de análisis avanzados apoyados en inteligencia artificial. Se intensificará la revisión de:
- Reestructuraciones empresariales.
- Operaciones con activos intangibles.
- Financiación intragrupo.
- Situaciones de pérdidas recurrentes o baja rentabilidad.
En el ámbito interno, se incrementa la vigilancia sobre conductas de riesgo tanto en personas físicas como en estructuras societarias. En particular, serán objeto de especial atención:
- El uso de sociedades instrumentales para canalizar gastos personales.
- La existencia de préstamos ficticios entre socios y sociedades.
- La utilización de tarjetas o recursos societarios para fines privados.
- Las discrepancias entre nivel de vida y rentas declaradas.
Asimismo, la economía digital seguirá siendo un foco prioritario de control, especialmente en relación con:
- Comercio electrónico y ventas online.
- Ingresos obtenidos a través de plataformas digitales.
- Actividad de creadores de contenido e influencers.
El sector inmobiliario también se mantiene bajo supervisión reforzada, con especial atención a:
- Promociones y operaciones de construcción.
- Intermediación inmobiliaria.
- Alquileres turísticos gestionados mediante plataformas.
- Operaciones entre partes vinculadas o con posibles infravaloraciones.
Por último, en el ámbito recaudatorio, el Plan introduce mejoras relevantes orientadas a incrementar la eficacia en la gestión de deudas tributarias. Entre ellas destacan:
- Nuevas herramientas para la segmentación y selección de deudores.
- Optimización de los procedimientos de embargo, incluyendo cuentas no bancarias.
- Impulso del embargo de cobros mediante TPV.
- Posible extensión de actuaciones sobre criptoactivos.
En conjunto, el Plan de Control Tributario de 2026 consolida un escenario caracterizado por la reducción progresiva de la opacidad fiscal. La combinación de información masiva, analítica avanzada y cooperación internacional sitúa a la Administración en una posición de control mucho más precisa y anticipativa.
En este contexto, resulta imprescindible que empresas y particulares refuercen sus políticas de cumplimiento y garanticen la coherencia entre su realidad económica, su estructura patrimonial y su tributación efectiva.