A pesar de que cada vez hay más personas que deciden invertir en criptomonedas -se estima que el 9% de la población Española ya lo hace-, la CNMV y el Banco de España han emitido un comunicado para advertir de los riesgos de ello. Y es que, las mismas carecen de un marco regulatorio en la Unión Europea.
Dejando de lado su gran impacto medioambiental -se requiere una gran fuente de energía para su producción que, normalmente, procede del carbón-, nos centraremos ahora en la problemática que comporta la falta de legislación en la materia.
Efectivamente, desde un punto de vista legal, las mismas no son consideradas un medio de pago, no cuentan con el respaldo de los bancos y no están cubiertas por mecanismos de protección -como podría ser el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.
Por supuesto, no existe la obligación legal de aceptar las criptomonedas como medio de pago, por lo que su uso es muy limitado. Tampoco se prevé que esto vaya a cambiar, al menos en el ámbito de la Unión Europea, ya que, debido a su volatilidad, no cumplen con las funciones del dinero de unidad de cuenta -unidad que permite determinar el precio de los bienes y servicios- y depósito de valor -estabilidad que permita una inversión a futuro.
¿Y qué decir de la formación de precios? Las criptomonedas no cuentan con mecanismos eficaces para evitar su manipulación, como sucede con otros mercados regulados. No podemos olvidar cuando Elon Musk, CEO de Tesla, anunció en twitter que no aceptaría criptomonedas como moneda de cambio, haciendo que cayera su precio en un 10%.
Por otro lado, la custodia de estas criptomonedas no está ni regulada ni supervisada, por lo que su pérdida, bien sea por robo o por estafa, no puede ser perseguido por ninguna autoridad y es muy probable que no puedan ser recuperadas.
Tampoco hay que dejar de lado su carácter transfronterizo y lo que ello conlleva. La mayoría del sistema productivo de criptomonedas se sitúa en China pero se realizan inversiones en todo el mundo. Es por ello que cualquier conflicto relacionado con su emisión, custodia y comercialización, resultaría muy costoso y quedaría fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas.
En definitiva, se necesita un gran esfuerzo legislativo por parte de la Unión Europea y de otros Estados, principales emisores de criptomonedas, para que las mismas puedan constituir un medio seguro de inversión.