En el año 1998 surgió el debate sobre la declaración de los derechos del ciberespacio que dio lugar a borradores de declaración que no llegaron a ratificarse, como el que presento Robert Gelman. El ciberespacio supone un punto de arranque de una cuarta generación de derechos humanos, incluso se puede afirmar que realmente nos hallamos ante una nueva ampliación de los derechos humanos de tercera generación si se analiza de manera más exhaustiva, tal y como dijo Javier Bustamante. El profesor no comparte esta opinión y dice que el ciberespacio es uno de los núcleos de consideración de la tercera generación de derechos humanos; mientras que los derechos de solidaridad y todos aquellos cuyo núcleo reside en la igualdad material, forman parte de los derechos de segunda generación. En la historia de los derechos fundamentales puede observarse que representan la lucha por conquistar esferas de libertad personal frente a las esferas políticas y de los estados, la primera generación de DDHH nace con énfasis por la seguridad personal, la segunda generación nace con énfasis en la seguridad económica y la tercera que no cuadraba con la primera ni con la segunda. Mientras las preocupaciones por la seguridad personal o de los colectivos dieron lugar a planteamientos de los derechos humanos de primera y de segunda generación, las sociedades avanzadas incidieron en otro tipo de demandas, encontrando nuevos valores, definiendo una nueva generación acorde a la sociedad de la información. Por lo tanto, la nueva generación de derechos fundamentales habrá de responder a las necesidades y valores específicos de las sociedades industriales avanzadas cuya gran materia prima es la información y su quintaesencia, el conocimiento. En la sociedad tecnológica se plantean algunos derechos expresivos, como el derecho a la información y sus límites, este derecho se inscribe plenamente entre los derechos de tercera generación, puesto que responde a exigencias globales de la sociedad tecnológica desarrollada; no se atista la llegada de una cuarta generación.
Internet nos ha facilitado la vida en muchos aspectos. Pero la falta de regulación en muchas tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la modificación genética o los bots, puede suponer un grave riesgo para los derechos fundamentales. La Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre la Carta de Derechos Fundamentales, que este año contiene un apartado específico sobre el ámbito digital. Este tema se abordó también en el VIII Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española.
Este informe sectorial es el primero que sigue la estrategia del año pasado para fortalecer la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE, que anunció la elaboración de informes anuales con enfoques temáticos.
También en línea con la protección de estos derechos, la Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre los derechos de los ciudadanos en virtud de la Carta, para conocerlos mejor y saber dónde acudir si se vulneran. El informe se centra en cinco áreas políticas:
Abordar los retos de la moderación de contenidos online. La difusión de contenidos ilegales en Internet es un desafío para el discurso democrático y para los derechos fundamentales. En diciembre de 2020, la Comisión propuso medidas reglamentarias para abordar el contenido ilegal y al mismo tiempo proteger los derechos fundamentales a través de la Ley de Servicios Digitales. Además, promueve medidas voluntarias a través del Código para contrarrestar el discurso de odio ilegal en línea. El 9 de diciembre, la Comisión también propuso una iniciativa para ampliar la lista de delitos de la UE para incluir el discurso de odio y los delitos de odio.
Salvaguardar los derechos fundamentales cuando se utilice utiliza la inteligencia artificial. El uso, cada vez mayor, de sistemas de inteligencia artificial puede generar grandes beneficios. Pero, debido a la complejidad y opacidad de ciertas aplicaciones, también puede suponer un desafío para el cumplimiento de los derechos fundamentales. Ya son muchos los Estados miembros que han desarrollado estrategias nacionales sobre inteligencia artificial para garantizar transparencia, trazabilidad y solidez y encontrar formas eficaces de respetar los derechos fundamentales. En abril de 2021, la Comisión propuso un acto legislativo para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que representan un alto riesgo para los derechos fundamentales se prueben y documenten de manera adecuada.
Abordar la brecha digital. La pandemia de COVID-19 ha dificultado que quienes no tienen el conocimiento o los equipos necesarios accedan a los servicios públicos que se ofrecen online. El informe muestra cómo los Estados miembros y la UE trabajan en diferentes enfoques para garantizar que nadie se quede atrás. La solidaridad sigue siendo un principio clave para abordar la brecha digital.
Proteger a las personas que trabajan a través de plataformas. El trabajo mediante plataforma ha generado nuevas oportunidades económicas para la ciudadanía, empresas y consumidores. Sin embargo, también cuestiona los derechos y obligaciones existentes relacionados con la legislación laboral y la protección social. El 8 de diciembre, la Comisión adoptó una iniciativa legislativa para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas laborales digitales, al tiempo que apoya el crecimiento sostenible de las plataformas laborales digitales en la Unión.
Supervisión de la vigilancia digital. La vigilancia puede ser legítima, por ejemplo, para garantizar la seguridad y combatir el crimen, pero no todas las prácticas están justificadas. En este contexto, la protección de datos y la privacidad no son solo derechos fundamentales clave, sino también derechos “habilitantes” que aumentan la protección de otros derechos fundamentales, que pueden verse afectados por la vigilancia.
La Comisión Europea pide al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a los Estados miembros que utilicen este informe para entablar intercambios sobre los desafíos y oportunidades para proteger los derechos fundamentales en la era digital.