Ayer 16 de junio de 2019, entró en vigor la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que viene a modificar la ley hipotecaría con el fin último de aumentar la protección de aquellos consumidores que contraten hipotecas para la adquisición de su vivienda.
De este modo, entre las novedades introducidas, cabe destacar en relación a los gastos de gestoría, notaria y registro, que hasta ahora venía asumiendo en mayor parte el cliente, correrán a cargo del banco que además deberá llevar a cabo un correcto asesoramiento y un examen de la solvencia del cliente previo a la concesión del crédito para evitar un eventual impago.
En este proceso cobra mayor protagonismo la figura del notario, sobre el cual aumenta su responsabilidad ya que, mediante acta notarial gratuita, será el encargado de revisar el cumplimiento de los requisitos de transparencia tales como la entrega de la documentación precontractual con diez días de antelación, así como que se ha informado correctamente al cliente de las condiciones contractuales y por último verificar que este las comprenda.
También se debe señalar la eliminación definitiva por vía de esta ley, y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del impuesto sobre actos jurídicos documentados que ya no correrá a cargo de los clientes sino de los bancos.
Por último, a parte de la supresión de las cláusulas suelo, se introduce como medida más importante para lograr evitar los desahucios, el hecho de que la entidad, para que pueda ejercitar su derecho de vencimiento anticipado ante la morosidad del cliente, las cuotas impagadas de este, deban superar el 3% del crédito concedido o 12 cuotas mensuales si se produce en la primera mitad de vida del préstamo o bien, el 7% o 15 cuotas si acontece durante la segunda mitad, todo ello previo requerimiento al cliente concediéndole, mínimo un mes para pagar lo debido.
Photo Credit: Photo by rawpixel.com from Pexels