La transformación digital, impulsada por el procesamiento masivo de datos, la inteligencia artificial (IA) y la proliferación de dispositivos inteligentes, ha redefinido nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Sin embargo, este salto tecnológico también ha creado un caldo de cultivo perfecto para la aparición de nuevas modalidades de fraude y explotación que trascienden fronteras, desafían los sistemas legales tradicionales y exigen respuestas jurídicas innovadoras y coordinadas.
En la actualidad, tanto inversores como empresas y ciudadanos enfrentan amenazas que combinan ingeniería social, suplantación de identidad, deepfakes, estafas financieras, manipulación documental avanzada y fenómenos emergentes como la ciberesclavitud. En este nuevo escenario, los despachos de abogados están llamados a desempeñar un papel clave en la defensa de los afectados, la articulación de estrategias legales eficaces y la adaptación de los marcos normativos a una realidad global y tecnológica.
La tecnología como acelerador del fraude financiero
La tecnología ha transformado el entorno financiero hasta el punto de reducir drásticamente el tiempo para el análisis crítico, empujando a los inversores a actuar con inmediatez y sin verificar la solvencia o transparencia de los proyectos. En este escenario proliferan fraudes que, aunque recuerdan a esquemas clásicos como el de Fórum Filatélico, hoy operan a una escala global gracias al anonimato digital, la deslocalización societaria y la facilidad para atraer grandes masas de dinero mediante plataformas ficticias, mediante criptomoneda. Según un informe de organismos internacionales, más de 69.000 víctimas en todo el mundo habrían perdido más de 5.600 millones de dólares, con España entre los países más afectados.
En España, para la defensa de los afectados en este tipo de inversiones financieras, se empezó alegar la interpretación del artículo 15 de la LEC, está aplicación queda limitada cuando los afectados no se encuentran dentro de territorio nacional, ya que surge la necesidad de poderes notariales y apostillas, para poder seguir el delito. Por otro, la obtención de pruebas se ve entorpecida por la volatilidad de las páginas web, la desaparición de servidores y la informalidad de muchas inversiones digitales, contradiciendo la expectativa de los inversores de recuperar su dinero tan rápido como lo perdieron.
Otros de los puntos de inflexión sobre este tipo de delitos es la competencia judicial, la consideración de la Audiencia Nacional en su Auto 146/2024 introduce un cambio relevante al admitir un caso de estafa informática transnacional aplicando el Convenio de Budapest, priorizando el lugar de comisión del delito sobre la residencia de las víctimas. Este precedente supone un paso decisivo hacia una justicia más adaptada a la realidad global y digital de los nuevos fraudes económicos.
El uso de la Inteligencia Artificial como herramienta para la ciberdelincuencia
La llegada de la Inteligencia Artificial ha facilitado la ciberdelicuencia, permitiendo que se puedan realizar más delitos con menos recursos y esfuerzo. Lo que antes requería conocimientos técnicos avanzados, hoy puede ejecutarse con herramientas de IA generativa accesibles para cualquier usuario. Este cambio ha impulsado nuevas modalidades de ataque cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.
Entre las amenazas emergentes destaca la suplantación de identidad mediante deepfakes, una técnica que permite la suplantación de identidad por medio de voz o imagen falsa con apariencia realista. Este tipo de delito ya ha provocado que las personas e incluso empresas, pierdan cantidades de dinero elevadas, puesto que en la mayoría de los casos se utilizan imágenes o voces de personas cercanas a la víctima para crear mayor confianza. A ello se suma el phishing adaptado específicamente a la víctima, gracias a la capacidad de análisis de la IA, los atacantes pueden estudiar redes sociales, hábitos o estilos de comunicación para elaborar mensajes prácticamente indetectables.
Otra tendencia preocupante es la creación de documentación fraudulenta generada por IA, como por ejemplo la creación de documentación de identificación personal, o documentación laboral y contable dentro del entorno empresarial, que pueden superar controles más basicos y suponer un reto incluso para los procesos internos de auditoría. Paralelamente, han surgido modelos de IA maliciosos, como FraudGPT o WormGPT, diseñados para facilitar campañas de ingeniería social, generación de malware básico o ataques de correo electrónico dirigido específicamente a empresas sin restricciones éticas.
Este tipo de delitos y el aumento del consumo digital se eleva en fechas claves, como campañas del Black Friday o en el periodo de rebajas, en donde se observa un aumento del más del 20%. Este tipo de fraudes suele realizarse a través de suplantación de web, o hacerse pasar a través de deepfakes por influencer o personas con alto reconocimiento y que transmiten confianza, promocionando ofertas o aplicaciones ficticias. Otra forma de lleva a cabo este delito, es a través de QR fraudulentos que redirigiendo a páginas fraudulentas.
No resulta sorprendente, por tanto, que más del 40 % de la población española haya sido víctima de intentos de estafa digital, según datos del CIS, dado que muchos usuarios no verifican el origen de la información que reciben.
Esclavitud digital y explotación en la era tecnológica
Como se puede observar, con el uso de la de las nuevas tecnologías hacen que la mayoría los delitos evolucionen, y la ciberesclavitud es uno de ellos. Este tipo de delito de trata personas, combina la coerción física y psicológicas con el fraude financiero a gran escala.
Redes criminales transnacionales utilizan ofertas laborales falsas para atraer a personas vulnerables, prometiéndoles empleos bien remunerados en el extranjero. Una vez que las víctimas aceptan, son trasladadas a países en los que la supervisión por parte del estado es baja, sobre todo suele darse en países con tasas bajas de desarrollo, donde se encuentran en condiciones de casi total indefensión. Allí, se les obliga a trabajar en operaciones de fraude digital masivo, desde estafas bancarias hasta esquemas de inversión falsos y fraude en comercio electrónico.
Las maneras de explotar de este tipo de delito, y las que las victimas sufren tipos de abuso, como la retirada de documentación personal, impidiendo de esta manera el abandono del lugar o denuncia de su situación. A través de la coerción física y psicológica como hemos mencionado anteriormente, también la creación de deudas ficticias que deben pagar para poder salir de la situación en la que se encuentra. Y, por último, el aislamiento de las victimas con el exterior o limitando su acceso a redes digitales.
Conclusión
La conclusión que podemos sacar expuesto lo anterior es la siguiente, si bien la nueva era digital ha transformado nuestras oportunidades, pero también nuestras vulnerabilidades, dando lugar a fraudes sofisticados, ciberdelincuencia potenciada por IA y nuevas formas de explotación como la ciberesclavitud.
Estos delitos trascienden fronteras y desafían los marcos legales tradicionales, exigiendo respuestas jurídicas innovadoras y cooperación internacional. La protección de ciudadanos e inversores requiere tanto actualización normativa como educación digital y vigilancia tecnológica constante. Solo aplicando estrategias completas podremos reducir los riesgos y mantener la seguridad en un mundo cada vez más conectado.