En cuanto a los principios fundamentales de la IA en España:
- En primer lugar, la ley española pide que se incluyan medidas. Es decir, la obligación de incorporar mecanismos en los algoritmos para evitar decisiones sesgadas en procesos controlados por algoritmos. En este sentido, se requiere realizar evaluaciones de impacto. Ejemplo de ello es el artículo 23 de la Ley Integral para la Igualdad de trato. El objetivo es identificar y mitigar riesgos vinculados con la equidad de las personas.
- IA fiable y responsable. Las normativas a nivel autonómico y estatal (como la Ley 7/2024 en las Islas Baleares o el Decreto-ley en Extremadura) impulsan sistemas que garantizan que se respeten los derechos fundamentales, en relación con los principios y directrices de la UE. Esto significa que la innovación tecnológica debe avanzar en relación con los valores europeos.
- Las entidades públicas están obligadas a garantizar que el proceso y desarrollo será transparente. Es necesario que las decisiones que se tomen a través de sistemas automatizados se puedan revisar y sean entendibles. Esto se exige en la normativa sobre igualdad de trato. Los algoritmos deben ser opacos (su normativa).
Salvaguarda de la información personal:
Cualquier uso de los datos personales (ya sea durante el entrenamiento del algoritmo o cuando se implemente) debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales de forma rigurosa, sin admitir excepciones.
En cuanto a la responsabilidad institucional, la administración pública puede usar los datos con fines relacionados con la inteligencia artificial. Ahora bien, para que esto funcione es necesario que se apliquen medidas de protección correctas (espacios de datos fiables).
La información anonimizada debe tener prioridad. También hay que evaluar los riesgos de reidentificación, según la Ley 6/2024.
Creación de perfiles: en relación con la protección de datos personales, usar esos datos para crear perfiles debe someterse a un estudio muy estricto. Una referencia es el caso Emérita Legal. En este se enfatizó en la necesidad de proteger los derechos fundamentales y de establecer mecanismos (tales como transparencia a la hora de tratar con los datos, el derecho a oponerse y publicación selectiva). Solo se puede garantizar el interés legítimo si se garantizan medidas sólidas de transparencia.
Control y apertura en el uso de la IA:
La AESIA (Agencia Española de Supervisión de la IA) es un organismo que se encarga de supervisar los riesgos vinculados a la IA. Puede establecer sanciones y garantizar la privacidad. El registro es obligatorio. Todos los sistemas de inteligencia artificial usados por las administraciones públicas tienen inscripción obligatoria en un registro oficial. Hay que indicar los riesgos y los responsables. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información que le afecte en relación con los criterios algorítmicos empleados. Esto es algo que recoge la nueva Ley 5/2024
Lo que significa para ciudadanos y empresas. Opinión:
Las plataformas basadas en inteligencia artificial deben estar preparadas y aplicar medidas que reduzcan diferencias y sesgos. Cumplir con las normas de protección de datos no es solo una obligación de carácter legal, también es algo estratégico. Se evitan sanciones y se favorece la confianza del público. El sector público tiene la obligación de registrar y auditar los sistemas. Los mecanismos de supervisión independientes y la exigencia de cumplir con las obligaciones éticas hace que en España los sistemas sean más seguros.
España realmente no tiene una sola ley de ia. Permite innovar y obliga a cumplir altos estándares éticos. Siempre se tienen que proteger los derechos humanos y fomentar la confianza social. Mantenerse actualizado es imprescindible. El enfoque que está adoptando España es positivo y necesario. Las virtudes de este modelo consisten fundamentalmente en una IA alineada con los valores y principios europeos, fiable. El reto real está en la verdadera implementación. Hay que evitar que la innovación se paralice por temor al cumplimiento. Las regulaciones deben ser más claras y la comunicación más accesible.
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