El derecho al olvido permite a las personas solicitar la eliminación de enlaces en buscadores como Google cuando la información personal vinculada a su nombre ha dejado de ser pertinente, es inadecuada o les perjudica de forma injustificada. Su fundamento legal está en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). No se trata de borrar la información original, sino de desindexarla para que no aparezca al buscar el nombre del afectado.
Este derecho fue consolidado por la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Costeja (2014), y ha sido reafirmado por jurisprudencia como la STC 58/2018, que reconocen la posibilidad de restringir el acceso a información antigua si afecta injustamente la vida de personas sin relevancia pública.
Las medidas asociadas incluyen desindexación, anonimización y supresión de datos cuando han perdido actualidad o relevancia, siempre respetando el equilibrio con la libertad de expresión. Este derecho no es absoluto, y no procede en casos donde la información sigue siendo de interés público o afecta a personajes relevantes.
Su ejercicio implica un procedimiento administrativo ante motores de búsqueda o la AEPD, y también puede aplicarse en redes sociales y páginas web. Solo puede solicitarlo el titular de los datos o su representante legal.
De esta forma, el derecho al olvido se consolida como una herramienta imprescindible en la sociedad digital actual, donde la permanencia indefinida de información personal puede tener consecuencias desproporcionadas en la vida privada y profesional de las personas. Protege no solo la intimidad, sino también la posibilidad de redención y de construir una nueva identidad pública libre de errores pasados. También permite, de este modo, eliminar el ostracismo que una persona puede experimentar, no dándole la oportunidad de redimirse de sus malos actos.
No obstante, su aplicación debe ser rigurosa para no caer en la censura o en la manipulación del pasado. Es fundamental que exista una valoración equilibrada entre el interés personal en la privacidad y el interés social en la libertad de información. En este sentido, el trabajo de los tribunales y de organismos como la AEPD es clave para garantizar decisiones ponderadas, caso por caso. Bien utilizado, el derecho al olvido no borra la historia, pero sí evita que el pasado se convierta en una cadena perpetua digital.